VI JORNADAS DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL ARGENTINO Y LATINOAMERICANO
Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de
Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, 1 y 2 de septiembre de 2016
Aldo
Oscar Mangiaterra
aldomangiaterra@gmail.com
El
29 de julio del 2016 se cumplieron 50 años de la intervención a las
universidades nacionales por el gobierno de Onganía, quien había asumido el poder político mediante
el golpe de estado del 28 de junio de 1966, autotitulado Revolución Argentina.
En
este aniversario cabe destacar el acuerdo paritario entre la Asociación de
Docentes e Investigadores Universitarios (COAD), de la Universidad Nacional de
Rosario y las autoridades de la misma que declaró al 29 de julio, a partir de
este año, como Día del Docente Universitario.
Volviendo
a aquella intervención, su instrumento
“legal” fue la mal llamada ley (era una decisión de un gobierno de facto),
16912, la que en su redacción estaba
precedida por la siguiente afirmación:
“Corresponderá
al Ministerio de Educación y Justicia el ejercicio de las atribuciones
reservadas por los estatutos de las Universidades a los Consejos Superiores o
Directivos. Funciones de los Rectores o Presidentes de las mismas y de los
Decanos de las Facultades. No podrán realizar actividades políticas los centros
o agrupaciones estudiantiles.” (sic, texto obtenido del sitio Infoleg, Ley
Nacional 16912).
En
todo el cuerpo de esa ley no se utiliza la palabra “intervención”, pero no sólo
fue tal, sino que fue particularmente violenta, tal como lo patentiza la
conocida NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS que tuvo como escenario principal la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
La
resistencia de estudiantes y docentes fue muy importante, asumiendo formas
diversas, desde la renuncia de importante cantidad de docentes, particularmente
en la UBA, pasando por episodios de resistencia estudiantil en todo el país, destacándose
el de la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes llegaron a superar la
acción policial represiva “tomando “ literalmente el barrio Clínicas,
prefigurando formas de acción que alcanzarían su culminación años más tarde en
el Cordobazo de 1969 y brindando un nombre al historial de la lucha popular, el
del estudiante Santiago Pampillón,
asesinado por la represión.
¿Quién
o quienes intervienen la universidad?
A
los efectos de esta ponencia no vamos a abundar en la caracterización de ese
gobierno, dando por sentado su esencia reaccionaria y antipopular.
Quizá
sea suficiente recordar la imagen de Onganía entrando a la inauguración de la
Exposición de la Sociedad Rural de Palermo en un carruaje a caballo típico de
la época colonial.
Pero
lo que si intentamos es volver sobre el porqué de esa intervención.
A
MI JUICIO LA PRINCIPAL CAUSA DE LA INTERVENCION A LAS UNIVERSIDADES EN 1966
RADICA EN EL PAPEL POLITICO QUE ESTABA CUMPLIENDO EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.
La
preocupación del gobierno de Onganía y de quienes lo sustentaban en el orden
político y en el específicamente académico no era el contenido general de la
enseñanza universitaria ni el diseño de los planes de estudio. Tampoco el monto
ni la distribución del presupuesto de las universidades.
En
los primeros meses de 1965, en declaraciones a la revista Véritas, el general
Julio Alsogaray, el que un año después echó de la Casa Rosada al entonces
presidente Illia, denunciaba que los Consejos Directivos de las facultades “eran
el refugio de guerrilleros”.
Lo
que en realidad sucedía era que el movimiento estudiantil, cuya principal
expresión eran (aunque no las únicas) los Centros de Estudiantes, las
Federaciones por universidad y la Federación Universitaria Argentina, había
desarrollado un importantísimo proceso, político y organizativo, llevándolo a
empalmar con avanzadas posiciones del movimiento obrero y popular.
Entre
1955 y 1958 el movimiento estudiantil, universitario y secundario, había
protagonizado importantes luchas en defensa de la educación pública, ya en 1956
contra la creación de las universidades privadas durante el gobierno de la dictadura
militar en cabezada por el general Aramburu y en esa ocasión autotitulada
Revolución Libertadora, y en 1958, durante el gobierno de Frondizi, contra el
“artículo 28” que le adjudicaba a esas universidades la facultad de otorgar
títulos profesionales, facultad que hoy siguen disfrutando y comercializando y
que se ha naturalizado como algo “normal”.
Esas
luchas se saldan en 1959, cuando los sectores afines al ala liberal del
gobierno instaurado en 1955 pierden el lugar dirigente que habían ostentado en
el movimiento estudiantil; me refiero, en el lenguaje político argentino, a que
perdieron la dirección de la Federación Universitaria Argentina los sectores
gorilas.
Para
ubicar el contexto histórico-político de ese período es necesario mencionar dos
importantes hitos del movimiento obrero argentino, expresados en los programas
de La Falda en 1957 y de Huerta Grande en 1962.
A
título ilustrativo y por razones de brevedad reproducimos solo el último:
“EL
PROGRAMA DE HUERTA GRANDE (publicado por la Federación Gráfica Bonaerense)
1.
Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y
centralizado.
2.
Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
3.
Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad,
petróleo y frigoríficas.
4.
Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5.
Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del
pueblo.
6.
Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7.
Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.
8.
Implantar el control obrero sobre la producción.
9.
Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades
comerciales.
10.
Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el
Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y
máximos de producción.”
Dicho
sea de paso, propuestas que hacen palidecer las de muchos “progresistas” del
reformismo político de las últimas décadas.
No
menos importante es mencionar el contexto internacional, el de la década del
60, la cual, si se permite la licencia, comenzó un año antes en América Latina
con la Revolución Cubana, triunfante el 1º de enero de 1959.
Ese
empalme del movimiento estudiantil universitario tuvo su culminación en el IV
congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA), realizado en Córdoba, que desplazó a la anterior dirección ya
mencionada, aprobando un programa que, además de la defensa de la educación
pública, proclamaba un contenido acorde con los reclamos del movimiento obrero,
con la necesidad de una profunda reforma agraria, con los derechos
democráticos, con la solidaridad con Cuba y con el antimperialismo.
No
poseo la documentación que acredite lo afirmado en el párrafo anterior porque
la repitencia de la represión en la historia política argentina ha obrado como
destructora de archivos, pero, en este caso la suplanto con la afirmación
testimonial por haber sido miembro de ese Congreso en calidad de delegado por el
Centro de Estudiantes de la entonces Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico
Químicas y Naturales aplicadas a la industria de Rosario, y haber actuado como
redactor de parte de sus resoluciones.
Esas
posiciones del movimiento estudiantil contaron con el acuerdo de importantes
sectores de la docencia universitaria, pese a que aún no estaba organizado como
tal el gremialismo docente.
Vale
citar que, en muchos casos, hubo rechazos de Consejos Directivos a subsidios de
fondos imperialistas del tipo de los que ofrecía la Fundación Rockefeller.
Hubo
casos ejemplares, incluso a nivel de rectorado, como la actuación de Risieri Frondizi en la Universidad de Buenos
Aires o la de Cortés Plá en la Universidad del Litoral.
Una
anécdota resulta elocuente: en 1965, cuando la invasión norteamericana a Santo
Domingo, la Universidad del Litoral organizó un acto de repudio, en una plaza
pública de la ciudad de Rosario, encabezado por el rector Cortés Plá.
La confluencia de diversos
factores, políticos, económicos y sociales y principalmente el papel de
movimiento estudiantil hicieron que la mejor etapa de la universidad argentina,
en términos relativos, se correspondiera con el período de 1960 a 1966.
Algunos rasgos de la misma eran la
intensa discusión política, el reconocimiento de la investigación como una de
las funciones de la universidad, las creación de cargos de dedicación exclusiva
y la creciente proporción de docentes cuyo principal ocupación era la docencia e
investigación, la importante presencia de estudiantes de países
latinoamericanos, la gratuidad, el cogobierno, la autonomía y la ausencia (se
configuró después de 1983) de una burocracia política especializada en el
manejo y control de las universidades (y por ende del movimiento estudiantil).
Por supuesto, no sin
contradicciones. Por ejemplo los docentes no eran considerados como
trabajadores o, en otro orden, una cuestión no pequeña: ante la proscripción
del peronismo, expresión política popular más importante, los órganos
directivos de la universidad miraban al costado, sin avalarla explícitamente pero
sin criticarla tampoco.
Sin embargo, vista desde otra
óptica, no era esa la mejor etapa de la universidad argentina.
De la publicación de La Universidad
Nacional del Litoral llamada Universidad, Nº 68, correspondiente al período
julio-setiembre de 1966, es decir después de la intervención, extractamos
párrafos del discurso pronunciado por el interventor Manuel de Juano al asumir
el cargo en agosto de 1966, páginas 331 y siguientes:
“Comedores,
viviendas, albergues, centros de sano recreo que hubieran servido a los
auténticos estudiantes para dar fortaleza y salud a su cuerpo, pasaron a ser
hervideros de indisciplina, escenarios de torpeza y malos modales, cuando no
focos de perturbación social o de obstrucción urbana”
“La
autonomía universitaria no es ni puede ser un concepto absoluto”
“Desde
el punto de vista académico no se necesita en el ámbito universitario desbordar
o desfigurar sus límites, pretendiendo enfrentar a la Universidad con el propio
Estado que le dio vida y paga sus gastos”
“También
creo que no obsta a ese reconocimiento la necesaria reestructuración de los
órganos del gobierno universitario a fin de que se acuerde al claustro de
profesores la responsabilidad indeclinable en la conducción de esas altas Casas
de estudio”
En la misma publicación aparece el
extenso trabajo firmado por Salvador Dana Montaño, titulado “La Universidad y
el Movimiento del 28 de Junio” -recordemos que es la fecha del golpe de estado-
que en su página 43 afirma:
“El
llamado co-gobierno universitario, o paridad de la representación, en las casas
de estudios superiores, entre profesores, titulares y suplentes, egresados y
estudiantes, condujo fatalmente al predominio en la conducción de la
Universidad de los elementos que deben ser gobernados o conducidos, en lugar de
gobernar o de conducir.”
No es cierto que la universidad
fuera gobernada por los estudiantes, imagen falsa de la realidad solo
explicable por el horror reaccionario de De Juano y Dana Montaño. Pero no es
menos cierto que su horror reclamaba algo parecido a lo que, de otro modo y aún
con objetivo políticos diferentes, se configuró mucho después. Nos referimos a
una burocracia política, de diferentes partidos pero similares procederes,
especializada en la “gestión” de la universidad incluyendo el manejo y control,
si fuera posible (y en parte lo es), del movimiento estudiantil.
La Ley 24521 de Educación Superior,
obtenida por el gobierno de Menem en 1995 ha venido a satisfacer reclamos de
ese tipo.
La universidad estatal argentina
reúne características singulares, que la distinguen con respecto a las
universidades de la mayor parte del mundo, presentando un modelo que tuvo
particular vigencia desde 1959 a 1966 y que se prolonga en el tiempo pese a los
altibajos sufridos y a las graves interrupciones, particularmente durante los
gobiernos militares de 1966-1973 y 1976-1983. Recién en 1985, después de casi
20 años de intervención, se logró lo que eufemísticamente podríamos llamar su
“normalización”.
A partir de 1959 confluyen en
simultaneidad cuatro rasgos característicos que parcialmente o por separado
habían tenido vigencia en distintos períodos históricos.
Nos referimos a la autonomía, el
cogobierno, la gratuidad y la relativa masificación.
Los dos primeros, autonomía y
cogobierno habían sido negados durante el peronismo.
Los dos últimos, gratuidad y
relativa masificación, adquirieron vigencia con el peronismo.
A partir de 1959 confluyen, en un
contexto nacional e internacional ya señalado anteriormente.
¿Qué significa esta confluencia?
Sus consecuencias son varias.
La gratuidad y consecuente relativa
masificación acentúa una característica del estudiantado universitario
argentino: proviene, en su mayoría, de capas sociales con intereses
contradictorios con los de las clases dominantes y en su vida práctica como
estudiante tiene requerimientos (básicamente aulas, docentes, prácticas,
también calidad, etc.) que las universidades no están dotadas para satisfacer
adecuadamente.
Esa relativa masificación obliga también
a un aumento del número y a una creciente profesionalización de los docentes,
creciendo la porción de quienes, conscientes o no de ello, pasan a ser
trabajadores de la educación, aun cuando tarden varios años en reconocerse como
tales a través de la creación de órganos sindicales. Cabe señalar que
anteriormente la inmensa mayoría de los docentes eran profesionales que añadían
actividad docente a su labor profesional habitual.
La autonomía y el cogobierno, sin
burocracia controladora (o con escaso peso de la misma), y el contexto político
facilitaron que la universidad se torne en caja de resonancia de ese contexto.
Y vaya si lo fue durante el período señalado. Y el movimiento estudiantil
organizado fue protagonista principal.
Esa era la preocupación del general
Alsogaray antes de la intervención y esas eran las reflexiones de los
interventores después.
De paso cabe destacar el
significado de la expresión movimiento estudiantil organizado; no nos estamos
refiriendo a una explosión más o menos espontánea. La organización de carácter
permanente de los estudiantes, al igual que la de los trabajadores es una
característica típica de la sociedad argentina.
Lo anteriormente expresado
¿significa que la universidad estatal argentina de 1959 a 1966 haya sido
popular, democrática, antimperialista? De ninguna manera.
Lo que pretendo poner
de manifiesto son esenciales rasgos contradictorios de la universidad
estatal argentina:
- por un lado
un contenido de la enseñanza en el cual predominan netamente las
concepciones ideológicas hegemónicas en la sociedad, que son, naturalmente
las de las clases dominantes y por el otro la subsistencia de libertad
ideológica que posibilita el discurso crítico desde sectores de docentes y
estudiantes
- por un lado la
dependencia del poder político, principalmente presupuestaria, y por el
otro un importante grado de autonomía, con actividad política y
participación de trabajadores y estudiantes en su gobierno
- por un lado
un acceso limitado a capas restringidas de la población,
fundamentalmente por razones económicas y por el otro una integración
relativamente masiva, por su número, incluyendo estudiantes que trabajan
Seguramente la
conquista principal de la Reforma Universitaria de 1918 es precisamente ésa:
más que lograr, la de imaginar, pretender, una universidad relativamente
contradictoria en medio de la sociedad capitalista, lo que permite la acción
social y política del movimiento docente y estudiantil junto al pueblo e
incluso, en ocasiones y en algunos temas, la actuación de la propia institución
en tal sentido.
La universidad
del período en cuestión no cumplía, lejos de ello, las condiciones de reducto
elitista.
La misma
universidad estaba lejos también de ser “la isla democrática” en la que algunos
sectores, particularmente docentes, creían desempeñarse.
En estas
condiciones, la universidad estatal argentina no era un coto cerrado de las
grandes corporaciones y de las instituciones rectoras del sistema
político-social, como lo eran las universidades privadas, creadas precisamente
a ese efecto.
La universidad
estatal argentina era parte del campo de batalla dentro del cual se expresaba y
desarrollaba la lucha entre los intereses de distintas clases y sectores
sociales.
Allí actuaban
partidos, organizaciones, sectores políticos, agrupaciones, sindicatos, que de
un modo u otro, en mayor o menor medida reflejaban esa diversidad de intereses.
Nada logró
impedir que se desplieguen fuerzas, sobre todo estudiantiles, cuestionadoras
del modelo de universidad y de país y que hayan logrado expresarse interna y
externamente, participando también junto a otras manifestaciones populares.
Ese fue el
propósito, impedirlo, y la causa
principal de la intervención a las universidades en 1966.
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