Rosario, noviembre de 2006
Laura Ferrer - Aldo Mangiaterra - Mónica Romero
Consejeros
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Hablar de la Universidad de Rosario
es hablar de miles de docentes, la mayoría de los cuales se esfuerzan en su
cometido pese a los magros salarios y las condiciones inadecuadas de trabajo; y
otro tanto pasa con el personal no-docente.
También es hablar de decenas de miles de estudiantes,
muchos de los cuales trabajan para sostener sus estudios; o también es
mencionar centenares de investigadores, muchos de los cuales son reconocidos a
nivel internacional.
Esa es una cara de la Universidad ; sin
embargo en estos días se ha puesto crudamente de manifiesto la otra cara, la de
la disputa entre los grupos de poder que vienen manejando la Universidad.
La decisión del Ing. Gimbatti, a cargo
del Rectorado, de mantenerse en esa función hasta el mes de mayo del próximo
año constituye claramente una violación del artículo 17 del Estatuto de la UNR.
Está claro que esa decisión no es sólo
personal sino que representa el acuerdo con un grupo de funcionarios directivos,
entre ellos varios decanos, también con la directiva del gremio no-docente (según
surge de las declaraciones que oportunamente formulara el propio Gimbatti) y
además la connivencia de algunos dirigentes estudiantiles.
Tal decisión constituye un claro caso
de violencia
institucional. Se ha tomado por encima y en contra del Estatuto y, por
sobre todo, absolutamente al margen del conocimiento y la voluntad de docentes,
no-docentes y estudiantes. De tal modo el Ing. Gimbatti no sólo suma poder (recordemos
que es el actual gerente de la Obra Social )
sino que él y sus acólitos pretenden asegurarse el predominio en la renovación
de autoridades universitarias que corresponde en el próximo año.
La violencia institucional no es un hecho nuevo en
Hace tiempo que en la Universidad de Rosario
se ha instalado una especie de despotismo, basado en una política clientelar,
donde se puede pedir pero está mal visto discrepar, donde el ejercicio de la
crítica abierta constituye temeridad y donde la exigencia de transparencia es
punible al grado de sometimiento a sumario. Sólo férreas actitudes del
movimiento docente o estudiantil han logrado quebrar, en diversas oportunidades,
tal práctica.
Lo que sí es nuevo es que quienes
fueron socios en el ejercicio de tal violencia y en general en el manejo de la Universidad , estén hoy
en posiciones enfrentadas respecto a la designación del Rector.
Los unos se han apoderado del manejo de
los resortes institucionales; los otros se sienten despojados del poder que
otrora compartieron. No está en debate el papel de la Universidad en la
sociedad, ni la política gubernamental, ni los derechos de los trabajadores de
la universidad, ni las reivindicaciones estudiantiles.
Lo que se disputa es el manejo de 9.000
puestos de trabajo, de 176 millones de pesos de presupuesto, de no se sabe
cuantos millones mas provenientes de servicios a terceros y de subsidios o
programas especiales; en definitiva espacios de poder.
Por otra parte resulta lamentable que
esta disputa sea en parte el reflejo de las escaramuzas que a nivel provincial
protagonizan la UCR
y el PS. Es decir que la
Universidad forme parte del reparto a dirimir entre socios
que, en vez de preocuparse por la universidad, se han encargado de ocuparla.
El gobierno nacional mira con
displicencia y cierta satisfacción y ¿porqué no?, especula con la posibilidad
de terciar en la disputa obteniendo tajada. A la vez esto le facilita no tener
que ocuparse de derogar la ley de Educación Superior del menemismo, ni tampoco
procurar un presupuesto que contemple salarios adecuados y garantice un
funcionamiento de la universidad acorde con las necesidades populares.
Radicales y socialistas pretenden
reducir el problema al sólo hecho de la elección de Rector. En realidad lo que
en apariencia no es mas que eso, en el fondo es una manifestación más de que la
universidad de Rosario está cada vez mas alejada de la función que proclama su
Estatuto: “Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia,
orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción
al pueblo”
Por lo tanto consideramos que debe
llamarse a Asamblea Universitaria, en forma inmediata, pero para discutir la
situación institucional de la UNR ;
es decir que la misma debe decidir no sólo, ni tanto, quién y cómo debe ejercer
el Rectorado, sino fundamentalmente cuales son los pasos a dar para, en primer
lugar, adoptar formas democráticas mas avanzadas, como por ejemplo la elección
directa del Rector y los Decanos y también para lograr una nueva ley de
Educación Superior y recursos presupuestarios adecuados.
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